La dictadura cubana aprobó un nuevo código penal que castiga con prisión a quienes ofendan a los empleados públicos.
La legislatura unicameral de la dictadura cubana, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), aprobó este domingo en sesión extraordinaria el nuevo Código Penal, que contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes insulten a funcionarios públicos y prohíbe la financiación de medios de comunicación. de fuentes externas.
En sesión a la que asistieron los dictadores Miguel-Daz Canel y Ral Castro, el legislativo aprobó el proyecto.
Activistas y opositores creen que esta reforma sofocará las protestas sociales y el periodismo independiente.
El nuevo código, que entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos, como "violaciones al orden público", que se utilizarán para sancionar "cambios grupales o individuales".
Además, tipifica como "sedición" a toda persona que cometa "desobediencia civil, propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista, o difunda noticias falsas que atenten contra el prestigio del estado cubano".
La participación en "actividades subversivas y ataques a las tecnologías de la información y la comunicación" es punible.
También amenaza a quienes "apoyen, fomenten, financien, proporcionen, reciban o tengan en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organismos no gubernamentales o internacionales que puedan ser utilizados para "sufragar actividades contra el Estado y sus derechos constitucionales". pedido."
La nueva ley aumenta la pena por espionaje e intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero hasta 30 años de prisión.
Publicado recientemente como un proyecto en el sitio web de la Fiscalía General en marzo, el texto provocó indignación entre los que se oponen al gobierno comunista.
"El nuevo Código Penal es una nueva vuelta de tuerca del régimen para intensificar la represión sobre los ciudadanos", dijo René Gómez Manzano, presidente de Corriente Agramontista, la organización de abogados de oposición más antigua de Cuba.
Esta legislación llega tras las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio en Cuba, las mayores en 60 años, que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, muchos de los cuales han sido condenados a penas de prisión de hasta 30 años.
“No es el Código Penal lo que exige Cuba”, dijo Harold Bertot, exprofesor de la Universidad de La Habana que ahora investiga en Madrid. “Cronológicamente, su discusión e implementación final se corresponden con un período de tensión política y social en Cuba”, dice el autor. El Código "apuesta por el expansionismo penal, la duración de las sentencias y (está) diseñado para tener un impacto significativo en el compromiso político cubano", según la denuncia.
En el texto se agrega una figura al delito de "violaciones al orden público", que sanciona las protestas individuales o grupales, mientras que se agrega otra figura al delito de "actos contra la seguridad del Estado", que sanciona la financiación ajena a actos ilegales. actividades.
Medios digitales de oposición, activistas y grupos disidentes han sido acusados de ser "mercenarios" tras recibir fondos de agencias del gobierno de EE. UU. y oenegés, por lo que ahora podrían enfrentarse a penas de prisión de entre cuatro y diez años.
“En un país donde los medios privados son ilegales y los periodistas no pueden obtener financiamiento local, prohibir el financiamiento extranjero es una sentencia de muerte para el periodismo independiente”, dijo en febrero el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
En consecuencia, el actual delito de "propaganda enemiga" pasará a denominarse "propaganda contra el orden constitucional", mientras que los delitos contra el orden público incluirán "difusión de noticias falsas o predicciones maliciosas con la intención de causar alarma, insatisfacción o desinformación". ”, según los autores del Código.
Bertot también cree que la ley prevé "un número incalculable de delitos que acarrean la pena de muerte como castigo, aun cuando se reconoce su carácter 'excepcional'", y que "va en sentido contrario a las tendencias delictivas del continente americano que han abogado por su abolición".
Durante las primeras décadas de la revolución, "el paredón", o la pena capital por fusilamiento, se utilizó con frecuencia con un efecto disuasorio. Sin embargo, desde el año 2000 rige una moratoria de facto, que recién se rompió en abril de 2003 con la ejecución de tres secuestradores de una embarcación que transportaba 50 pasajeros en el puerto de La Habana.
